Desde este miércoles 1 de febrero del 2017, empezó a regir nuevas reglas para el uso de las tarjetas de crédito, débito y de pagos (bonos), estipuladas en la resolución 310-2016-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expedida el 8 de diciembre del 2016.

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En la resolución se establece nuevos mecanismos para el cobro de intereses por financiamiento y mora dependiendo de ciertos casos.

Si el tarjetahabiente ha realizado el pago mínimo o un monto superior pero sin cubrir la cuota total, los intereses de financiamiento correrán sobre el saldo del capital pendiente de cancelación o del saldo rotativo (deuda de meses pasados) desde la fecha de inicio del corte.

La norma regula las tarjetas emitidas y/u operadas por las entidades financieras bajo control de la Superintendencia de Bancos.

La medida dispone que la emisión de tarjeta de crédito se hará luego que el cliente envíe una solicitud de requerimiento.

En el caso de las tarjetas de cortesía que entidades financieras o comerciales enviaban sin haber sido requeridas, con la resolución ahora la emisión solo se podrá hacer cuando hay sido aceptada por escrito por el cliente, caso contrario será considerada nula.

Se indica que si el cliente ha hecho el pago mínimo o ha realizado el pago de un monto superior al mínimo, pero sin llegar a cubrir la cuota total, luego del plazo máximo, el interés de mora será sobre el valor del capital pendiente de pago corriente o del saldo rotativo (deuda de meses pasados) a partir de la fecha de inicio del corte.

Si el tarjetahabiente quiere dar por terminado el contrato, lo hará en cualquier momento, sin mayores complicaciones; pero si el cliente tiene valores pendientes, ese saldo que adeude se lo mantendrá como una operación de crédito en la institución.

Los planes de recompensa que se incluyan en los contratos no podrán ser alterados sin autorización del cliente y, además, no tendrán costo. El titular de la tarjeta podrá trasladar su plan a otro tarjetahabiente que tenga beneficios similares.

Si se da el caso de pérdida de la tarjeta o robo de la misma serán las entidades financieras las que asuman los pagos del documento, y cuando haya el caso de fraudes informáticos, por debilidades o defectos de sistema, serán también las instituciones las que respondan por las responsabilidades que aquello genere.

La cobertura aplicará cuando el cliente notifique por escrito hasta dentro de 48 horas después del acontecimiento. Además podrá contratar un seguro de desgravamen que asumirá los saldos adeudados en caso de fallecimiento o discapacidad, detalla El Universo.

Redacción CRE Satelital 





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