Las autoridades carcelarias aclararon que más del 90 por ciento de la población penitenciaria que se encuentra en el nuevo Centro de Rehabilitación Social No. 2, ubicado junto a la Penitenciaría del Litoral, cometió sus delitos en Guayaquil.
Con ello, rechazaron los cuestionamientos del alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, y del director ejecutivo de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), Roberto Ricaurte, quienes criticaron el traslado de presos al centro carcelario.
En rueda de prensa, Eddy Zúñiga, subsecretario de Rehabilitación del Ministerio de Justicia, señaló que las políticas en ese sentido son de carácter nacional.
“Las políticas que se dictan son de carácter nacional, jamás pueden ser de carácter cantonal, eso es lo que nos llama la atención de nuestros compañeros funcionarios de la Municipalidad”, expresó.
Indicó que de los 33 detenidos que se encuentran en la nueva cárcel, 31 pertenecen a Guayaquil, quienes fueron trasladados hace seis meses a Quito por incidentes violentos dentro de la Penitenciaria del Litoral
"Se tomó la decisión de regresarlos por cuestiones de seguridad, pues este centro brinda el control”, manifestó Zúñiga, quien durante la rueda de prensa estuvo acompañado por Alexandra Zumárraga, directora Nacional de Rehabilitación Social, y Kléber Loor, subsecretario de Justicia
“Antes de dar declaraciones ciertos funcionarios deberían saber de dónde provienen estas personas; son originarias de Guayaquil”, reiteró.
Además, aclaró que los detenidos no han sufrido maltrato y que hasta el momento los procedimientos se han dado de manera adecuada.
También hizo un llamado a la ciudadanía guayaquileña para que la lucha contra la inseguridad sea manejada de manera conjunta.
“La lucha por la seguridad no es solo por una ciudad, la lucha por la seguridad es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos y en la que estamos inmersos todos los entes del Estado”, afirmó.
Recordó que el traslado de los detenidos desde Quito se dio de manera conjunta con el grupo especializado de la Policía Nacional, en absoluta reserva y garantizando que los derechos de las personas privadas de libertad no sean vulnerados.
Fuente: El Ciudadano