La Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), mediante un comunicado respondió al Gobernador Francisco Jiménez, quien señaló que la central de llamadas de emergencias de la ciudad debe pasar a manos de la Policía Nacional, según dispone la Ley.
Jiménez señaló en varias ocasiones que el estatuto de la CSCG en su artículo cinco establece "que tanto los dineros como los bienes que se construyen para combatir la delincuencia tienen que pasar a manos de la Policía".
En el comunicado se aclara que eso no es verdad, pues el texto del citado artículo dice lo siguiente "Los bienes que pueda importar la Corporación al amparo de las exoneraciones quedan prohibidos de enajenarse y traspasar su dominio durante el tiempo previsto en la Ley".
En el mismo artículo se agrega que esos bienes podrán "concesionarse o delegarse en ese periodo, en el cual los organismos de control podrán solicitar su exhibición".
En el comunicado se agrega que la CSCG recibió del Gobierno de Alfredo Palacio 18 millones de dólares, y una vez que la Policía Nacional y el Gobierno Nacional, rechazó la ayuda del Municipio de Guayaquil y de la Corporación se devolvieron tres millones y medio de dólares.
Agregaron que la CSCG, entregó a la Policía Nacional "algunos millones de dólares adicionales" a los recibidos durante el Gobierno de Palacio.
El comunicado señala que el edificio de la CSCG y la central de llamadas de emergencia fueron construidos y adquiridos con fondos municipales, a los que se debe sumar el terreno sobre el que se construyó.
El comunicado finaliza señalando que en varias ciudades del mundo, la administración de los centros de llamadas de emergencia son administrados por civiles.