La Asamblea Constituyente concluyó el segundo debate del articulado de Derechos Civiles, elaborado por la Mesa 1 de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales.
Después del primer debate, esta comisión recibió 44 observaciones al articulado, que una vez procesadas, permitieron incorporar correcciones de forma y de fondo e incluso, la eliminación de algunos textos por ser demasiados reglamentarios o descriptivos, comunicó la presidenta de la Mesa 1, María Molina.
Por ejemplo, se redujo el primer artículo de encabezado, y la nueva propuesta determina claramente las obligaciones de respeto y garantía del Estado.
Consecuentemente, el articulado ratifica la posición inicial de respetar el texto de la Constitución de 1998, sin embargo, los integrantes de la Mesa 1, enfatizan su criterio a favor de la protección de la vida de las mujeres y, por tanto, manifiestan que el texto aprobado no se opone a las excepciones establecidas en el Código Penal vigente.
En relación a la integridad personal, se precisa la obligación de prevenir, eliminar y sancionar la violencia sexual, incluyendo la esclavitud, la explotación sexual y cualquier forma de expresión que atente contra los Derechos Humanos.
Se mantiene la división entre derechos sexuales y reproductivos, pero en lugar de establecer la obligación limitada de sanción, se amplía a la obligación de promover el acceso a los medios para que las decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, se den en condiciones seguras.
Se conserva la objeción de conciencia, que en un primer inciso establece este derecho de forma amplia, con la única limitación del respeto a las personas y a la naturaleza y, en segundo lugar, otro inciso que expresamente determina uno de los diversos contenidos de la objeción de conciencia, como es el negarse a usar la violencia o a participar en el servicio militar.
En relación a la libertad de asociación, se simplifica el texto, así como el del derecho al honor.
Establece claramente que se requiere la intervención judicial, antes de cualquier medida, legalmente reconocida, que vaya en contra del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia.
Especifica que el derecho a participar en la vida cultural es en la comunidad y en relación a la Comunicación, y se incorporó el contenido que la define como libre y plural, con los deberes y responsabilidades que indique la Constitución y la Ley.
En el derecho a la propiedad se incorporó la responsabilidad ambiental y se redujo el concepto de seguridad jurídica.
La asambleísta María Molina, quien abrió el debate y defendió la nueva propuesta, hizo un llamado a otorgarle la más alta responsabilidad y compromiso, a la propuesta de articulado de Derechos Fundamentales, a la que calificó como trascendental.
Después de comunicar las observaciones acogidas por la Mesa 1, ratificó que la propuesta, aclara el concepto de seguridad jurídica, que fue objeto de fuertes cuestionamientos en el primer debate, pues hacía alusión a cuestiones que sobrepasaban el contenido del concepto.
“Por tal razón, hemos decidido que la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a normas jurídicas, previas, claras, públicamente conocidas y aplicadas por las autoridades competentes, con estricta sujeción a la norma suprema, sin forzadas ni antojadizas interpretaciones que en el pasado, han burlado la voluntad del constituyente”, agregó Molina.
La Comisión de tres asambleístas, que estudiarán las observaciones que se planteen a este articulado, después del segundo debate y como determina la reforma al Reglamento de la Asamblea, quedó conformada por los constituyentes María Molina, Iván Rodríguez y Lenin Hurtado.